ORDENES DE CELEBRAR
Omar Coronel, politólogo y docente en la Universidad católica del Perú (PUCP)
El 28 de julio, mientras Keiko Fujimori juramentaba en el Congreso como presidenta y llamaba a la «reconciliación nacional», frente al Palacio de Justicia ocurría otra escena. Familiares de las víctimas de la represión durante las protestas de 2022-2023 en el gobierno de Dina Boluarte, y de las matanzas del régimen de Alberto Fujimori, lavaron la bandera. Cuando comenzaron a narrar sus dolorosas historias, la policía prendió dos parlantes con música criolla a todo volumen para silenciar sus voces. Miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reclamaron por la falta de respeto, pero la policía solo respondió que tenían orden de poner música por ser un día festivo.
Los planes de gobierno y los mensajes a la Nación dan pistas, no mapas confiables. La práctica del fujimorismo, desde sus orígenes y remarcadamente en la última década, dibuja una voluntad autoritaria que convierte en cínico cualquier mensaje de reconciliación. Conviene contrastar palabra y actos. Entre 2022 y 2026, el fujimorismo tuvo un rol protagónico en la coalición autoritaria que gobernó de facto desde el Congreso. Aprobaron leyes que debilitaron la persecución del crimen y de las violaciones de derechos humanos, coparon instituciones (Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensoría, Ministerio Público) y llenaron el aparato estatal de sus alfiles. Quebraron el balance de poderes.
Keiko prometió meritocracia y lucha «frontal» contra la corrupción, pero el gabinete reúne quince ministros con investigaciones o procesos por corrupción y otros delitos (el premier, con casos por lavado de activos y organización criminal) y coloca en sectores sensibles como Salud a funcionarios sin ninguna experiencia en el ramo. Habló de tender «puentes de diálogo» a la oposición y prometió respeto a la independencia de poderes.
Días después, trascendió el borrador de la solicitud de facultades que el Ejecutivo prepara para pedir al Congreso: legislar 120 días en materia penal, laboral, tributaria y ambiental, con decretos exceptuados de consulta pública y de análisis de impacto. Quieren rediseñar leyes que tocan a todos sin deliberación ni contrapeso, a puertas cerradas. En el terreno laboral, el paquete habilitaría flexibilizar despidos y beneficios, anhelo empresarial extendido, del gran capital a los pequeños, pero que se realizaría a costa de derechos laborales. En el socio ambiental, propondría acelerar y recortar la evaluación ambiental y facilitar la inversión extractiva. Ahora con el viento a favor del crecimiento y un entorno regional y global de retrocesos democráticos. Frente a esto, el papel de la sociedad civil es decisivo.
El mismo 28 de julio, en el Te Deum, el cardenal Carlos Castillo nombró a las víctimas de la violencia estatal y reclamó una reconciliación que no sea «meliflua» ni sirva «para tapar los males», sino una que «sepa hacer justicia y restituir a todos los perjudicados», acompañar el reclamo de justicia y dignidad de las víctimas, y sostener las demandas socio ambientales de las comunidades.
Las organizaciones de DD. HH, gremios, colectivos y las bancadas de oposición, tendrán que organizarse y coordinarse para poner límites a las señales de confrontación. Una reconciliación sin justicia no es paz, es apenas tranquilidad del orden injusto, música para tapar el llanto.